MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA ANTE EL 14 DE ABRIL DE 1012
El próximo 14 de Abril conmemoramos el 81 aniversario de la
proclamación de la II
Republica. Lo hacemos en unos momentos de recortes en los
derechos sociales y de limitación de las libertades colectivas e individuales
nunca antes conocidos tanto por su profundidad como por el corto espacio de
tiempo en que se están produciendo.
Las políticas neoliberales aplicadas primero por
el gobierno de Zapatero y ahora por el del PP, al servicio ambos de los
intereses del capital financiero y especulativo, han profundizado la crisis
económica y empeorado las condiciones de vida de las gentes trabajadoras
creando una situación sin precedentes en cuanto a desempleo, precariedad
laboral, aumento de la pobreza y de la exclusión social.
Las reformas que se están implementando, con la
excusa de la salida de la crisis, pretenden cambiar el modelo de relaciones
sociales que conocíamos hasta ahora y acabar con el estado social y de derecho
que era la base de las democracias occidentales desde el fin de la segunda
guerra mundial. La pérdida de derechos laborales y sociales, la privatización
de servicios públicos esenciales puestas en práctica con las dos últimas
reformas laborales y otras medidas del gobierno nos llevan a un nuevo modelo de
relaciones sociales donde prima la “ley del más fuerte”, el ideal del
liberalismo político. A esta peligrosa deriva social se une la descarada
intromisión del capitalismo transnacional en la soberanía nacional. El chantaje
de los “mercados” a los países europeos, especulando primero con la deuda
pública, imponiendo luego condiciones draconianas para su pago y gobiernos
tecnocráticos para su cumplimiento junto a la sumisión a los mismos del
conjunto de los gobiernos europeos y de la UE ponen también en peligro el propio régimen
democrático tal y cómo lo hemos venido conociendo.
La última reforma de la Constitución del 78 ha constitucionalizado al
neoliberalismo al poner por encima de cualquier consideración el pago de la deuda
externa, la sumisión a los “mercados”, con ello, las fuerzas al servicio del
capital financiero especulativo han dinamitado el pacto constitucional y
convertido en papel mojado el estado social y de derecho que proclama dicha
Constitución.
Una ruptura política pero también social,
especialmente social, como esta crisis permanente nos esta demostrando. El
actual marco jurídico, político y administrativo sustenta y posibilita el que
las clases trabajadoras somos ahora más pobres y las clases dominantes más
ricas.
Esto significa hoy la imposibilidad de encontrar
un empleo digno, una vivienda y emanciparse, menos servicios sociales,
deterioro de la educación y la sanidad... , significa un retroceso sin
precedentes en derechos sociales, laborales y políticos, un cambio de régimen
que nos retrotrae al siglo XIX.
La juventud sabe especialmente bien de que
estamos hablando y por eso están empezando a protagonizar movilizaciones ante
la ausencia de un futuro medianamente certero. Sus vidas están condenadas a la
precarización y la explotación y nadie les habla de que la situación va a
mejorar. Más bien al contrario.
El Partido Comunista de España no se resigna, no
acepta como irremediable el actual estado de las cosas y estamos convencidos
que conectamos con la mayoría de la sociedad cuando decimos que la crisis no
puede recaer en las espaldas de los más débiles, el resultado de las pasadas
elecciones andaluzas y asturianas, el éxito de la Huelga General nos
muestran el camino: la movilización y la resistencia son nuestras armas, por
eso desde el PCE venimos proponiendo una salida social y democrática
anticapitalista a la crisis que construya en torno a ella un bloque social
mayoritario que permita una salida de la crisis que ponga la economía al
servicio de las personas trabajadoras y no al del capital, que recupere y
profundice derechos en vez de eliminarlos,
que priorice la creación de empleo estable y de calidad y no el pago de
la “deuda”.
A principios del siglo XX la idea de la República significaba
para los trabajadores y trabajadoras un régimen que reconocería derechos
laborales, sociales y políticos y que mejoraría sus condiciones de vida, su
proclamación en 1931 y la
Constitución que aprobaron las Cortes confirmaron sus
esperanzas. La II
República española, una república de trabajadores y
trabajadoras, fue destruida por las clases dominantes por atreverse a intentar
acabar con los privilegios de unos pocos para poner la economía al servicio del
ser humano, de las mayorías sociales.
Hoy, a principios del siglo XXI La Republica de España
vuelve a ser la respuesta en positivo, la respuesta ilusionante, la manera
democrática de constitucionalizar la justicia social y el reparto equitativo de
la riqueza. La Republica
de España debe ser la solución al empleo, a los desahucios y al dominio de la
banca sin escrúpulos entre otras cuestiones que hoy angustian a millones de
españoles.
Somos una tierra de recursos y gente trabajadora.
España es rica pero desigual, muy desigual, baste decir que las grandes
empresas defraudan cada año 62.480 Millones de euros ¡cada año! En comparación
cabe decir que el primer gran recorte de Rajoy ha sido de unos 14.000 Millones.
Hay dinero, hay riqueza, hay posibilidades, pero están muy mal repartidas y
dirigidas.
Pan, trabajo y libertad pedíamos en el proceso
constituyente que concluyó con el texto de 1978 que estableció la Monarquía Parlamentaria.
Esas mismas cuestiones son las que hoy nos apremian a alumbrar un nuevo proceso
constituyente hacia la
III Republica de España, que va a posibilitar una Jefatura
democrática del Estado pero que, sobre todo, está llamada a acortar la brecha
social entre ricos y pobres, a restablecer los derechos que nos están robando y
a constitucionalizar otros nuevos que también reivindicamos.
En ese proceso constituyente ya trabajamos
multitud de colectivos y organizaciones republicanas como pudimos ver
recientemente en el encuentro republicano celebrado en Madrid el pasado 21 de
enero y en el cual se constituyo la Junta Estatal Republicana.
Llegamos también a este aniversario de la proclamación republicana en
España con una Casa Real en sus momentos más débiles. Hasta tal punto esto es
así que se han visto obligados a dar a conocer por primera vez el destino de la
cantidad de libre disposición que contemplan los Presupuestos Generales del
Estado para la Jefatura
del mismo.
A esto hemos llegado no por dignidad democrática,
no por presión popular a pesar de las miles de firmas de ciudadanos que pedían
transparencia en las cuentas públicas. Hemos llegado a esto porque la sombra de
la corrupción ha aparecido, públicamente por primera vez, en la Casa Real.
Este asunto ha puesto el foco en situaciones que
antes pasaban más desapercibidas como los dos millones de euros que nos cuesta
mantener el complejo de Marivent para que la Familia Real pase sus
vacaciones. El caso Urdangarín, que no hay que olvidar que es una pieza del
caso “Palmarena”, va a hacer que se sea menos condescendiente socialmente con
los despilfarros de la
Monarquía y su entorno y ha abierto interrogantes que
precisan respuesta.
Más allá de la condena o no del personaje, está
en juego el Estado de Derecho y la dignidad de una institución que se supone
está al servicio de España. En este sentido es muy conveniente saber si el Rey
intentó tapar los presuntos actos delictivos de su yerno cuando lo envío a
EE.UU. como también sería bueno conocer si todos o algunos de los miembros de la Familia tienen cuentas en
el extranjero y, por supuesto, de dónde provienen esos ingresos de esas
cuentas.
Cada 14 de Abril los demócratas españoles tenemos
una obligación de merecido homenaje a aquellos que defendieron la democracia
frente al golpe de Estado de 1936. Los que la defendieron antes del golpe, los
que lo hicieron durante el mismo y aquéllos y aquéllas que lucharon por la
democracia en los 40 años de dictadura y entre ellos y ellas, especialmente a
los miles de comunistas que perdieron sus vidas o parte de ellas en los muros
de los cementerios, en las cunetas, en los frentes de batalla de Europa, en los
campos de exterminio nazis y en las cárceles franquistas.
Sin embargo, esto no será posible si miles de
ellos y ellas siguen “desaparecidos” en cunetas y fosas indignas. Mientras que
el Estado no asuma su responsabilidad, no cumpla con los convenios y tratados
internacionales, por uno de los mayores genocidios de la historia
contemporánea, no podremos pasar esa página de la historia, desde aquí seguimos
exigiendo, verdad, justicia y reparación.
El Partido Comunista de España rechaza la
sentencia del Tribunal Supremo en todos aquellos extremos que no se refieran a
lo que realmente estaban juzgando y para lo que se han establecido las
oportunas garantías procesales, es decir, no consideramos competente a ese
tribunal para juzgar los crímenes de la dictadura porque no ha puesto en marcha
los mecanismos que marca la propia Ley para Juzgarlos. Estos son los
correspondientes derechos de las victimas para personarse y dar su opinión
sobre el proceso y los asuntos que se juzgan.
Ningún tribunal está legitimado para emitir
sentencia alguna sin seguir un procedimiento que garantice los derechos
procesales de las victimas. Dicho más claro, el citado tribunal no puede
dictaminar, como ha hecho, que los crímenes
del franquismo no son considerados delitos contra la humanidad
sencillamente porque no estaba juzgando eso. Este tribunal se ha extralimitado
concientemente de aquello que estaba juzgando y para lo que había establecido
los mecanismos garantistas de nuestro ordenamiento jurídico.
Las autoridades judiciales debieran actuar ante
tal tropelía pero mucho nos tememos que no va a ser así. De ahí que hayamos
decidido obviar todos aquellos extremos de la sentencia que no se refieran al
asunto juzgado, la prevaricación o no del Sr. Garzón al investigar los crímenes
del franquismo.
Seguimos pidiendo tutela judicial para aquéllos y
aquéllas que fueron asesinados y enterrados en fosas comunes, seguiremos
intentando la reparación judicial y a todos los efectos de los que fueron
juzgados y asesinados tras juicios sumarísimos, y continuaremos buscando la
manera de que los crímenes del franquismo sean considerados como lo que
realmente son, delitos contra la humanidad y por lo tanto, siguiendo la
doctrina del propio Supremo, delitos que deben ser conocidos, perseguidos y
condenados por parte de los Tribunales de Justicia.
No olvidamos a los héroes de la democracia en
este nuevo 14 de Abril, les rendimos el sentido homenaje que merecen y que en
muchas ocasiones les han negado instituciones y partidos que se reclaman
democráticos.
Sin duda la necesidad de abrir el proceso constituyente republicano
está más extendido hoy que cuando hace un año celebramos el 80 aniversario. El
empobrecimiento de la población, la falta de futuro y la reducción de servicios
que creíamos para toda la vida están acrecentando esa necesidad. La Republica que viene es
el marco económico, social, político, cultural e institucional del que los
ciudadanos y ciudadanas se dotan libremente y por el que se consienten para
afrontar los problemas y sus soluciones. Es la respuesta a la injusticia y el
desequilibrio social.
Es momento de unir esfuerzos en la idea común de la apertura del
proceso constituyente republicano, a esa tarea nos vamos a entregar los
comunistas y a esa tarea animamos a todos y a todas.
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